Aun están activos 16 fuegos, según informa la xunta: dos
arden en Lugo, cuarto afectan a Pontevedra y diez a Ourense, en Asturias se han
extinguido todos los fuegos que permanecían activos. Las brigadas de bomberos
forestales, los voluntarios y las lluvias han ayudado a detener su avance. En
los últimos días, diferentes focos han ardido en el norte de España. Los
incendios han dejado cuatro muertos y una cifra aún indeterminada de hectáreas
calcinadas.
El fuego y el pacto del silencio.
Como siempre digo la realidad es compleja y las razones de
por qué arde el monte son también multifactoriales.
Las Xunta ha
privatizado hace años los servicios de extinción de incendios, eso hace que
unas pocas empresas dependan de que hay fuego para que el negocio sea
sostenible.
Galicia, la única comunidad que tiene privatizados los
servicios de extensión de incendios, a través de consorcios provinciales que
financian a la mitad la xunta y cada una de las cuatro diputaciones. Tres
empresas se reparten el pastel económico: Matinsa, una filial de fomento de
construcciones y contratas, Veycar y Seganosa.
Uno de los contratos aprobados en 2016 por la xunta de
Galicia para servicio de helicópteros y brigadas helitransportadas abarcadas
los años 2016, 2017 y 2018, su coste total es de más de 36,6 millones de euros,
pero en realidad existen variedades que pueden elevar el importe al ser
necesario dedicar más medios terrestres y aéreos a la extinción, además de
otros contratos que refuerzan el servicio hasta rondar los 100 millones de
euros anuales. El coste de un helicóptero por hora rondan los 2.800 euros de un
Sokol a los 6.000 por un kamov. El precio por hora de una brigada de extensión
helitransportada es de 268,44 euros. Según esas cifras un incendio puede dar
unos beneficios de 50.000 euros por hora. Para que os hagáis una idea, solo un
hidroavión sale en 30.000 euros la hora.
Pero se sigue apostando por políticas que priman los medios
para pagar el fuego, sobre los medios que se ponen para limpieza de montes,
cortafuegos, brigadas durante todo el año encargados del cuidado del monte o
programas de desarrollo para el rural. Se paga por apagar el fuego, no por
prevenirlo, no por cuidar la naturaleza.
Otras razones son estructurales, por ejemplo, las comunidades
de montes buscan un tipo de explotación intensiva del bosque, lo que les hace
plantar especies de rapidísimo crecimiento pero que arden con una gran
facilidad, como el eucaliptus o el pino en lugar de repoblar especies
autóctonas como el carballo o el castaño de mucha más difícil combustión.
El hecho se agrava si pensamos que especies como el
eucaliptus arrasan el suelo. En Australia y otros países son usados para
desecar zonas pantanosas, con eso os podéis imaginar lo que hacen los
acuíferos.
La despoblación derivada de la incapacidad de generar una
economía sostenible en el rural y alrededor de la naturaleza y del amor por
mantenerla. Una despoblación causada por falta de apoyo institucional, falta de
servicios, colegios o centros de salud en el rural.
El abandono tiene otras consecuencias el crecimiento de
vegetación arbustiva que facilita la transmisión del fuego. En la ría de
Pontevedra hay una famosa empresa llamada ENCE, privatizada por el gobierno de
Arnaz. Es una empresa de producción de biomasa disfrazada de productora de
celulosa a la que la xunta de Galicia prolongo la concesión de explotación que
finalizaba el año por otros 60 años cuando creían que iban a perder las pasadas
elecciones.
Los principales inversores y directivos de esa empresa son Isabel
Tocino, ex ministra de medio ambiente con Arnaz renovó en 2016 otros tres años
como consejera. También José Carlos del Álamo, ex consejero de medio ambiente de la xunta de Galicia entre 1997 y
2003 y Pascual Fernández, consejero dominical a propuestas de los Albertos y el
que fuera gran valedor de Tocino.
Esa empresa es un monstruo que devora toneladas de
eucaliptus cada día. Plantar eucaliptus es como plantar latas de gasolina en el
bosque.
La reforma de la ley de montes supuso otro desastre más. Un
monte quemado puede ser recalificado a urbanizable cosa que con la antigua ley
no se podía hacer. Si se quiere construir una urbanización en un entorno
protegido ya se sabe la que hay que hacer. Después teniendo los amigos
adecuados se recalifica el terreno y a construir.
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